A Sesenta y cinco años de la Declaración Universal de Derechos Humanos

El 10 de diciembre de 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la Resolución 217 A (III), aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por entonces sólo 56 países eran Estados Miembros de la Organización de las Naciones Unidas. La tarea de elaborar una Declaración de Derechos Humanos con carácter universal y que definiera los derechos y libertades contenidos en la Carta de las Naciones Unidas fue encomendada a la Comisión de Derechos Humanos. Las discusiones y debates que surgieron en el seno de las Naciones Unidas, en esta materia, no expresaban más que “...las tensiones existentes en el mundo. La antinomia entre el Este y el Oeste se hizo también patente sobre si las libertades fundamentales clásicas o las reivindicaciones económicas frente al Estado deberían figurar como fundamento del catálogo, o bien si el derecho de opinar libremente, el derecho de libre asociación y el de sufragio, o la seguridad económica, debían tener carácter constitutivo. El duelo retórico entre el mundo liberal y el del bloque del Este se agudizó en la frase inglesa «Queremos hombres libres y no esclavos bien alimentados», y la réplica del representante de la Unión Soviética: «Los hombres libres también pueden morir de hambre»” (OESTREICH, Gerhard; SOMMERMANN, Karl-Peter. Pasado y Presente de los Derechos Humanos, 1963, Editorial Tecnos, Madrid, 1990, p. 74).

Finalmente la Declaración fue aprobada por 48 votos a favor, ninguno en contra y 8 abstenciones. Ante este hecho quedaría escrito en su Preámbulo: “La Asamblea General

Proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción”.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos está compuesta de un Preámbulo y 30 artículos, los cuales pueden dividirse en dos grandes grupos, aquél que engloba a los derechos civiles y políticos, y el que reúne los derechos económicos, sociales y culturales. Los derechos civiles y políticos están enunciados en los artículos 3 a 21 y entre ellos encontramos: el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona; el derecho a no ser sometido a esclavitud, servidumbre ni torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes; el derecho a un debido proceso; el derecho a la propiedad, individual y colectivamente; el derecho a ejercer las libertades fundamentales de pensamiento, conciencia y religión, opinión y expresión, entre otras. Por su parte, los derechos económicos, sociales y culturales (artículos 22 a 28), recogen el derecho al trabajo; el derecho a igual salario por trabajo igual; el derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas; el derecho a fundar sindicatos y a sindicarse; el derecho a un nivel de vida digno; el derecho a la educación, y el derecho a tomar parte libremente en la vida cultural.

Pero, si bien es cierto que la Organización de las Naciones Unidas ha multiplicado su fuerza y presencia a nivel mundial desde su fundación y sobre todo su influencia en el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, reconocidos en las legislaciones de una mayoría importante de Estados en el mundo, los hechos actuales que nos toca vivir con total impotencia, hablan por sí solos de la falta preocupante de una cultura de paz y de derechos humanos, que se hace más aterradora cuando constatamos, a diario, que mientras los pueblos expresan sus deseos de paz, muchos de nuestros gobernantes, ajenos a dicha cultura, dan la espalda al pueblo que les ha otorgado legitimidad.