sábado, 29 de agosto de 2020

Comentario Político Constitucional Sobre el Último Cambio de Gabinete de Sebastián Piñera. Julio M. Muñoz Villa (Miembro de Creación Ciudadana)

    Aunque ya han pasado varias semanas desde el último cambio de gabinete realizado por el presidente Sebastian Piñera, el análisis del mismo, desde otra perspectiva, por una parte, nos permite visualizar que el mecanismo constitucional que lo autoriza vulnera el principio democrático y, por otra, que hoy su utilización tiene por fin obstaculizar un proceso electoral imparcial de cara al plebiscito del 25 de octubre del presente año. Proceso histórico para nuestra comunidad política que podría ser la lápida que termine por enterrar la Constitución de 1980.

    El último cambio de gabinete del segundo gobierno de Sebastián Piñera ha vuelto a resucitar una ya antigua polémica constitucional. Ello, a consecuencia, de la designación de parlamentarios como ministros de estado. Siendo el 2009 la primera vez que pudimos apreciar sus negativas consecuencias. Ideas, por cierto, aquí vertidas, extraídas de un escrito y conferencia realizadas por aquella época y a consecuencia de dicho hecho. Mecanismo que coloquialmente se ha denominado silla musical o enroque político. Y que, ocurre cuando se dan las hipótesis contempladas en los artículos 54 inciso 4º y siguientes y el 59 de la Constitución Política de 1980.Lo que nos obliga antes de continuar, a leer lo que nos dicen estas normas constitucionales.

Artículo 51 inciso 4º y siguientes: "Las vacantes de diputados y las de senadores se proveerán con el ciudadano que señale el partido político al que pertenecía el parlamentario que produjo la vacante al momento de ser elegido.

Los parlamentarios elegidos como independientes no serán reemplazados.

Los parlamentarios elegidos como independientes que hubieren postulado integrando lista en conjunto con uno o más partidos políticos, serán reemplazados por el ciudadano que señale el partido indicado por el respectivo parlamentario al momento de presentar su declaración de candidatura.

El reemplazante deberá reunir los requisitos para ser elegido diputado o senador, según el caso. Con todo, un diputado podrá ser nominado para ocupar el puesto de un senador, debiendo aplicarse, en ese caso, las normas de los incisos anteriores para llenar la vacante que deja el diputado, quien al asumir su nuevo cargo cesará en el que ejercía.

El nuevo diputado o senador ejercerá sus funciones por el término que faltaba a quien originó la vacante.

En ningún caso procederán elecciones complementarias."

    Artículo 59 "Ningún diputado o senador, desde el momento de su proclamación por el Tribunal Calificador de Elecciones puede ser nombrado para un empleo, función o comisión de los referidos en el artículo anterior.

Esta disposición no rige en caso de guerra exterior; ni se aplica a los cargos de Presidente de la República, Ministro de Estado y agente diplomático; pero sólo los cargos conferidos en estado de guerra son compatibles con las funciones de diputado o senador."

    Al concurrir estas hipótesis constitucionales se desvela un mecanismo jurídico-constitucional, propio del institucionalizado Presidencialismo exacerbado o reforzado chileno. Alterando vergonzosamente el ya desequilibrado principio de separación de funciones entre el Gobierno y el Congreso Nacional y vulnerando el principio democrático. De esta manera, el gobierno se ve arropado con facultades que no sólo pudieran influir en la futura composición del Congreso Nacional, sino que, asimismo, en muchas de las funciones propias de este órgano. Mecanismo que, sin duda, pone en serio riesgo la integración e independencia del Congreso Nacional respecto del Gobierno y, pudiendo ser, por lo mismo, una futura fuente de inestabilidad política y constitucional para el país.

    Como expresé al inicio, estas hipótesis entraron en juego por primera vez en 2009, entre el 12 y 19 de marzo de aquel año. Aquel 12 de marzo la Presidenta de la República Michelle Bachelet Jeria anuncia cambio de gabinete a un día de haber cumplido 3 años de mandato. Constituyendo la sorpresa del día la designación como Ministra de la Secretaría General de Gobierno de la hasta entonces diputada del PPD Carolina Tohá Morales. Al cesar la señora Tohá en su cargo parlamentario la directiva del PPD, amparada por el artículo 51 designa como su reemplazante a don Felipe Harboe, ex Subsecretario del Interior del gobierno de Michelle Bachelet. Ciudadano que, hacía tan sólo unos meses, había dejado su cargo en el gobierno, con el firme propósito de postular a un escaño en la cámara de diputados, evitando así la inhabilidad relativa que le afectaba para ser candidato. Mientras la diputada Tohá había manifestado públicamente su intención de no ir a la reelección y apoyar los intereses de la Concertación en otros frentes. Asumiendo el 19 de marzo de 2009 a las 12:00 horas el señor Felipe Harboe como diputado de la República en representación del distrito 22 Santiago. Con este cambio de gabinete la presidenta de la República Michelle Bachelet, junto con preparar su gabinete para la última etapa de su mandato, lograba facilitar directamente los nuevos intereses políticos de la señora Tohá en una futura precandidatura  (PS-PPD) de la Concertación a la Presidencia de Chile. Y, para el caso del señor Harboe, para allanarle el camino al Congreso Nacional, el que por cierto, validará en las elecciones de 2009.

    La segunda vez que este mecanismo entró en juego fue durante el primer cambio ministerial de Sebastián Piñera, en su primer mandato presidencial, el 16 de enero de 2011. Ingresando al gabinete Andrés Allamand, Senador por la circunscripción 16 Región de Los Ríos como Ministro de Defensa y siendo reemplazado por el RN y polémico Carlos Larraín. También lo hizo como Ministra del Trabajo y Seguridad Social la senadora por la circunscripción 4 Región de Coquimbo Evelyn Matthei, quien fue reemplazada por el UDI y diputado por distrito 31 Región Metropolitana, Gonzalo Uriarte Herrera. Quien a diferencia de Carlos Larraín, realista por cierto e inteligente para evitar enfrentar batallas que no podría ganar, se presentó a la elección de 2013 para validar en las urnas dicho cargo senatorial, el que perdió. Luego, en el próximo cambio de gabinete, el 18 de julio de 2011, Sebastián Piñera designará como Ministro de Economía al UDI Pablo Longueira, senador por Santiago Oriente circunscripción 8. Longueira será reemplazado en el senado por la UDI Ena Von Baer, Ex ministra Secretaría General de Gobierno de Sebastián Piñera. De esta forma, Sebastián Piñera otorgaba exclusiva visibilidad política a los futuros precandidatos de RN y la UDI a la Presidencia de la República.

    En definitiva, al entrar en juego las hipótesis de ambas normas se producen, a mi modo de ver, dos nefastas intervenciones del Gobierno en el Congreso Nacional. Como ya hemos expresado, primero, en cuanto a su integración y, segundo, respecto a su independencia. Pues, quienes han sido designados por sus respectivos partidos políticos como reemplazantes de los nombrados ministros, ahora ex parlamentarios, se les ha generado una plataforma política única, privilegiada comunicacional y económicamente, para asegurar el escaño en las próximas elecciones. La que al ser negada a sus futuros contendores, se ha transformado en un claro acto de desleal competencia política. Alterándose el principio de igualdad que debe existir entre los posibles candidatos en el futuro proceso electoral. Por otro lado, al no ser elegido mediante voto popular sino designado por un partido político, en clara complicidad con el gobierno, , no parecen estar demasiado claras las lealtades de este nuevo parlamentario. Pues, hasta sólo unos meses algunos de ellos han sido parte del gabinete político del Gobierno (Harboe, Von Baer) o miembros relevantes de los partidos políticos que sustentan dicho gobierno (Larraín). De esta manera, muchas son las lealtades que permanecen en este ahora diputado o senador respecto del gobierno. Vulnerando la debida independencia que debe regir para todo parlamentario, en todas sus actuaciones, como miembro del respectivo órgano, tanto en su actuación individual como representante de una circunscripción o distrito de cada uno de sus miembros.

    Sin duda, la existencia de un mecanismo como el descrito, expresión de un presidencialismo reforzado, constituye un atentado al principio democrático y una razón más para una nueva constitución que tenga un origen e instituciones plenamente democráticas.

    Pero, la utilización de este mecanismo constitucional, en esta oportunidad, no busca generar plataforma para futuras candidaturas presidenciales, sino salvar lo mejor posible lo que queda de este paupérrimo gobierno de centro-derecha, bajo la esperanza que la derrota del rechazo no se abismante en votación. Aunque para otros, más entusiastas, pero menos realistas, la finalidad de los nuevos integrantes de este gabinete, sería aportar para derrotar el Apruebo en octubre de 2020 y salvar la institucionalidad protectora que a la élite política y socioeconómica, le ha otorgado por décadas la Constitución de 1980. Pero, más allá de una u otra opción, lo cierto es que estos nuevos integrantes del gabinete han aceptado dicho reto, a fin de intervenir en este proceso electoral o de abstenerse, en algún caso, para obstaculizar el avance fortalecido del Apruebo de una nueva Constitución.

    Estos nombramientos, a mi modo de ver, amenazan la imparcialidad del proceso de octubre 2020. Para nadie son desconocidas las frases de los ahora ex senadores Pérez Varela y Allamand negándose a una nueva Constitución, presentándose siempre como sólo disponibles para revisar en algunos términos la actual. Sobre todo, lo que expresaron en los días previos al acuerdo del 15 de noviembre de 2019. Como para nadie tampoco son desconocidas las actividades de ambos como fieros defensores del régimen dictatorial de Pinochet. En el caso del ex diputado Bellolio es también preocupante su designación, ya que en noviembre de 2019 se había manifestado a favor de un nuevo texto constitucional y, sin embargo, dos semanas antes de este cambio de gabinete expresaba que su decisión definitiva era ahora la del rechazo. El caso del ex diputado Desbordes es de una desfachatez increíble, pues en los últimos meses se ha destacado no sólo por liderar una renovación en su sector sino también impulsando una derecha social, apoyando proyectos de la oposición. En este caso, su nombramiento ha sido sencillamente para callarlo. Lo anterior se verá fortalecido por la labor ministerial que desempeñarán, lo que les permitirá desviar la atención ciudadana respecto del evento eleccionario de octubre de 2020, estrategia para bajar el perfil al mismo e intervenir a favor del rechazo cuando la oportunidad política se presente. Desde el Ministerio del Interior, Pérez Varela, consecuencia de su pasado y limitada sensibilidad política se verá incapacitado para enfrentar el problema mapuche. Sin duda, este se agudizará y al igual que la protesta social levantada desde octubre de 2019, sólo es esperable políticamente de él, la criminalización de ambas. Allamand en Relaciones Exteriores, pareciera ser el encargado de garantizar al resto del mundo nuestra estabilidad política y económica, aprovechando de difundir el milagro de crecimiento chileno bajo el amparo de la Constitución de 1980. Pero, por otro lado, seguirá atacando a Venezuela, permitiéndose mantener vivo el famoso ChileZuela, como una amenaza más ante una nueva Constitución. Y aún con instrucción presidencial de no intervención en el proceso, seguirá haciéndolo. Lo que también le será de utilidad para Pérez Varela. dicha postura de intervención también ha sido asumida por Bellolio, quien ha expresado que aquello no puede ser objeto de controversia, ya que para nadie son desconocidas sus posturas políticas. De Desbordes en Defensa sólo se espera ciega obediencia y el silencio sepulcral de un ministro de segundo nivel.

    Lo relatado y explicado, muy a grandes rasgos, respecto a este cambio de gabinete nos obliga a reforzar aún más nuestro compromiso por denunciar y defender este proceso plebiscitario de flagrantes intervenciones desde el gobierno, en la esperanza de obtener una amplia mayoría que le dé una legitimidad indiscutible al Apruebo de una nueva Constitución mediante una Convención Constitucional elegida en su totalidad por el pueblo.     


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